Las movilizaciones impulsadas por sectores afines al evismo endurecieron este miércoles su postura contra el Gobierno nacional al exigir públicamente la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras desde la Asamblea Legislativa denunciaron que las protestas y bloqueos buscan ejecutar un “golpe de Estado” y derrocar al actual mandatario.
La tensión política escaló luego de que dirigentes de organizaciones sociales y sindicales afirmaran que no existe posibilidad de diálogo con el Ejecutivo y ratificaran que la única salida que exigen es la dimisión del jefe de Estado.
“Lleven este mensaje al Gobierno: no vamos a retroceder. No hay diálogo”, declaró la dirigente de las Bartolina Sisa, Juliana Torres, durante una concentración de protesta.
En la misma línea, el representante de los Ponchos Rojos, Vicente Salazar, sostuvo que “la lucha es hasta que renuncie Rodrigo Paz”.
Las declaraciones fueron respaldadas también por el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien aseguró que las movilizaciones continuarán “con el único pedido que es la renuncia del presidente”.
Paralelamente, una columna de cocaleros del Chapare avanza hacia la ciudad de La Paz con el mismo objetivo político.
La radicalización de las protestas coincide con la postura asumida por el expresidente Evo Morales, quien instruyó a sus bases mantener las medidas de presión “así se abrogue la Ley 1720”. Aunque la norma fue anulada, los bloqueos y el cerco a la sede de Gobierno continúan generando preocupación.
En medio del conflicto, el vicepresidente Edmand Lara apareció junto al senador evista Leonardo Loza en un mensaje donde habló de paz y reconciliación; sin embargo, advirtió que podría sumarse a las movilizaciones si no existen respuestas del Gobierno.
Desde la Asamblea Legislativa, legisladores de las bancadas PDC, Libre y Unidad denunciaron que Morales, junto a sectores de la COB, campesinos paceños y aliados políticos como el senador suplente Nilton Condori, estarían promoviendo actos de sedición para provocar la caída del Gobierno y de la actual estructura legislativa.
Los parlamentarios pidieron al Ministerio Público y a la Justicia actuar de oficio ante lo que consideran una amenaza directa al orden constitucional y a la estabilidad democrática del país
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